Cuando se funda Cali en 1536 ya existía en España
el Supremo Consejo de Indias creado por Fernando el Católico y reformado
por Carlos I y luego por Felipe II, y en 1549 se creó la Real Audiencia de
Santafé dependiendo del Virreinato del Perú; sólo en 1717 se creó
el Virreinato de la Nueva Granada con jurisdicción sobre las
provincias de Santa Marta, Popayán, Antioquia, Cartagena, Quito y Caracas,
por lo que vale decir que incluía partes de las actuales Venezuela y
Ecuador. En conclusión, desde su fundación a inicios del siglo XVI
los habitantes de Cali han estado acostumbrados a que las
decisiones políticas vengan de afuera, como ahora ya en el XXI.
La política durante
la época Colonial poco cambió a fondo hasta que en 1819 se crea la Gran
Colombia en sustitución del antiguo virreinato, pero ya incluyendo a
Panamá, seguida por la República de la Nueva Granada en 1830 y la
Confederación Granadina en 1858. Sólo cambios de nombre pero sacando a la
superficie el conflicto entre el centralismo, ya al menos en América y no
en España, y el federalismo, lo que llevó a los Estados Unidos de
Colombia, en 1863, y al mismo tiempo a incrementar el descreste por todo
lo norteamericano, el que subsiste en Cali hasta hoy en día.
La Constitución de
1886 impone, ya en Colombia, la hegemonía conservadora, pero luego de la
Guerra de los mil días, 1899 y 1902, y perdido Panamá, se dan movimientos
sociales y la lucha bipartidista y, en 1930, se cambia a la
“revolución en marcha” del liberalismo, marcado por la guerra con Perú, la
II Guerra Mundial y, en 1948, el “bogotazo” por el asesinato de Jorge
Eliécer Gaitán. Se recrudece la “Violencia” y, en 1953, el general Rojas
Pinilla da un golpe de estado, seguido en 1957 por una Junta Militar y un
año después se inicia el Frente Nacional, hasta 1974, en 1986 se aprueba
la elección popular de alcaldes, coincidiendo con el rápido crecimiento de
Cali y el auge del narcotráfico.
Urbanización que
caracteriza en la segunda mitad del siglo XX a las ciudades en Colombia,
mientras que el narcotráfico afecta principalmente a algunas, como
Medellín y Cali, lo que junto con otros asuntos, llevaron a la
Constitución de 1991, en la que participaron representantes de grupos
guerrilleros desmovilizados, minorías étnicas, hombres y mujeres, mientras
que se sucedieron significativos movimientos estudiantiles, como el de la
Universidad del Valle de 1971. Pero ignorando que en ese momento más de la
mitad de los habitantes del país ya vivían en ciudades, el tema de las
ciudades, en tanto artefactos, y de los ciudadanos, en tanto urbanitas, no
aparece por ningún lado.
Y, a comienzos del
siglo XXI y luego de varias actualizaciones, y pese a la nueva realidad
del país, al pasar en un siglo de ser rural, al igual que en los cuatro
anteriores, a serlo prioritariamente urbano, lo único que se puede leer en
la Constitución del 91, respecto a las ciudades, es: “Art. 311. Al
municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa
del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la
ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás
funciones que le asignen la Constitución y la leyes.”
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