Sin duda el problema de este país es la
precariedad de su justicia, como lo ha señalado, entre otros, German Patiño (El
País, 03/11/2014); desde las leyes mismas hasta su Policía, pasando por los
congresistas encargados de hacerlas y los jueces comisionados para aplicarlas.
Y lo mismo pasa con sus ciudades; desde los que hacen sus normas urbano
arquitectónicas hasta los encargados de su vigilancia, pasando por los
autorizados a hacerlas cumplir.
Dos
carencias estrechamente interrelacionadas, empezando porque la Policía no se
ocupa de vigilar el uso permitido del espacio público, incluyendo el de las
construcciones que lo conforman, como igualmente que el equivocado diseño de
este dificulta su vigilancia, impidiendo evitar así muchos de los delitos que
se comenten en él, cuando no es que directamente los facilita, la mayoría se
comenten en él, mucho más de lo que se suele pensar.
Ciudad
y justicia, puramente humanos, se impusieron desde el poder por reyes,
sacerdotes, oligarcas, sobre los demás, el pueblo, mediante su guardia
pretoriana y sostenidos por una aristocracia. Pero la democracia trata desde
Grecia que los asuntos judiciales y urbanos sean concebidos y aplicados para
todos, lo cual implica dificultades y deficiencias iniciales en estos países
que pasaron en unos pocos años de ser colonias a repúblicas.
Y en un país cuya
población crece aceleradamente y que se urbaniza tan rápido y tan
recientemente, como Colombia, no hay tiempo para que las ciudades y la justicia
se estabilicen poco a poco. Y menos si no se las considera como lo fundamental,
como lamentablemente está sucediendo en las eternas conversaciones en la
Habana, en las que se habla a fondo de justicia, muy poco de ciudades y
prácticamente nada de su interrelación.
Finalmente, el hecho
contundente es que sin justicia para todos y sin mejores ciudades no será
posible la paz en Colombia; pero sobre todo sin que se considere siempre su
estrecha interrelación, como equivocadamente suele suceder pues se consideran
cada una por su lado por profesionales tan diferentes como lo son arquitectos y
abogados, en cuyos estudios no tuvieron ninguna relación.
La pertinencia de todo lo
anterior se puede inferir del hecho de que la seguridad en las ciudades
intermedias, que no han crecido tanto ni tan rápido, es de lejos mejor, y que
analizadas con los indicadores del caso son superiores socialmente como también
su arquitectura común y su urbanismo más tradicional. En conclusión, hay que
favorecerlas preferencialmente.
Por ejemplo las del valle
del río Cauca pero evitando que tomen el rumbo de Cali. Y que esta ciudad pare
de crecer y se reorganice en cinco sectores urbanos con sus respectivas
alcaldías menores. Y por supuesto mucha educación que les permita a sus
habitantes adquirir una cultura ciudadana; es urgente antes los graves
problemas que traerá el cambio climático y la sobrepoblación del planeta en las
próximas décadas.
Como dice Luis Alberto Moreno
(Ciudades Emergentes y Sostenibles, BID, 2011): “Todos sabemos lo que pasó en
América Latina cuando combinamos crecimiento rápido con una mala planificación,
falta de inversión en infraestructura y poco respeto por cuestiones ambientales
y del clima“. Así, las ciudades intermedias pueden
aprender de estas equivocaciones para su desarrollo sostenible y equitativo.
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