En Cali se puede pagar
para no cumplir con el Pico y Placa; es decir, por no respetar una norma de
tránsito, lo que por supuesto es una medida aberrante pues induce a no cumplir
con la ley simplemente pagando, pero, afortunadamente, fracasó. Mientras que
propuestas sensatas, como pagar por estacionar en las vías públicas quedó en
nada, y los carros se siguen trepando a los andenes, usando los antejardines
como parqueaderos “privados” y bloqueando garajes, y cada vez hay mas
“parapolicías de tránsito” indicando como hacerlo con su trapito rojo, en
incluso “dan vía” en los semáforos dañados y en cruces congestionados a cambio
de unas cuantas monedas.
¿Pagar por poder hacer
ruido? también cabría entonces preguntar a continuación. Como se sabe, la
costumbre en Cali es que la gente bulliciosa compra el silencio de los que van
a callarlos. Es de esperar que con las nuevas medidas anunciadas por el Dagma,
y con el nuevo Código de Policía, ya no sea tan fácil, o por lo menos será más
caro. Por lo pronto hay que denunciar a los que confunden la bullaranga y las
risotadas con la alegría, o que no conversan por la noche sino que gritan, al
correo electrónico <contactenos@cali.gov.co> y en quince días
hábiles se supone que le darán una respuesta, según lo anuncio El País
(12/02/2018), y pueden que los aburran las inspecciones.
Pero más grave aún es que
en Cali también se puede pagar para poder construir más altura de la permitida;
es decir, por no respetar las normas derivadas del POT, lo que por supuesto es
igualmente una medida aberrante pues induce a no cumplir con la ley simplemente
pagando. Pero al contrario de lo de pagar por no cumplir con el Pico y Placa,
los edificios altos continúan tapando la vista a los cerros, que además se
invaden, y bloqueando la brisa fresca que baja de ellos, o que surgen
desocupados, pues son lavaderos, de la planicie, sobre todo alrededor de
Jamundí, casi tan amenazantes como las cuatro vergonzosas y enormes torres
justo al lado del Castillo de San Felipe en Cartagena.
¿Pagar por cambiar de
uso? De hecho al pagar por cambiar la altura también se está pagando por
cambiar de uso, pues no es lo mismo una casa que un edificio de apartamentos
que demanda otra infraestructura vial y de servicios públicos; como tampoco son
iguales una vivienda y un local comercial. Lo que genera graves problemas como
el del tránsito en el sur, y cada vez más en toda la ciudad (que va para
Bogotá), en manos de un transporte público que no es ni lo uno ni lo otro a
cabalidad, ni mucho menos integrado. Y por supuesto abundan los nuevos usos sin
licencia, como hostales y restaurantes en San Antonio, por ejemplo, que ni
siquiera pagan por no cumplir con las normas.
Comprar la ciudad y
además no pagar por ello, o no pagar lo que corresponde de impuesto predial, es
otro aspecto de la corrupción actual en el país que pocas bolas se le ha
parado, pese a ser más grave que robar al erario pues el daño que se les hace a
las ciudades es a largo plazo. Aunque es preciso señalar que es la corrupción
de los políticos y funcionarios la que permite pagar por no cumplir con las
normas de la ciudad. Al fin y al cabo compran los votos que los elijen y venden
los cargos que luego dispondrán, lo que lleva a constatar que, en últimas, son
sus electores ignorantes y vendidos los
que están vendiendo la ciudad; pero más culpables son los que no votan ni
siquiera en blanco.
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