Una secretaría de Cultura pues para la educación está el
Ministerio; otra de Salud pública; una de Vivienda para los estratos bajos y definir
sus normas de construcción; otra de Recreación, para el deporte y los parques; una
de Circulación, que sería una autoridad única para todo el transporte público y
privado; una de Planeación, para el diseño de vías, equipamientos, plazas y
parques; una de vivienda; otra de Hacienda y, finalmente, la de Gobierno, para
la convivencia en la ciudad, mediante una Policía Municipal, pues para lo demás
está la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia.
Sus
respectivos secretarios, constituirían un consejo de gobierno municipal, bajo
la dirección del alcalde, similar al Concejo de ministros a nivel nacional, que
se encargaría de la orientación socioeconómica del municipio, la coordinación integral
de sus diferentes dependencias, la priorización de sus distintas iniciativas, proyectos
y obras, y la presentación de sus planes ejecutivos quinquenales al Concejo
Municipal para su debate y aprobación, el que posteriormente velaría por su
correcta ejecución.
La
construcción, administración y mantenimiento de todos los edificios y espacios
urbanos públicos lo podrían hacer empresas privadas, a partir de concursos
públicos de arquitectura, como ordena la ley, y no a dedo como lo hizo el
Alcalde actual. De su ornamento se
debería encargar un consejo de patrimonio conformado por representantes
permanentes de todas las entidades pertinentes,
presidido por el Arquitecto de la Ciudad, como lo hay en tantas partes,
quien preserva lo característico del diseño urbano y arquitectónico de su
ciudad.
Y
la secretaria de vivienda debería dedicarse no solo a la vivienda para ingresos
bajos, mediante concursos públicos de diseño, sino también a reglamentar todas
las construcciones, y a adquirir tierras continúa y sistemáticamente para poder
emplazar correctamente sus principales equipamientos, lo que podría financiar
con su posterior y real valorización. El hecho es que la propiedad privada del
suelo de nuestras ciudades, que su rápido crecimiento convirtió en un negocio
especulativo, ha hecho fracasar uno tras otro todos los intentos de
planificarlas.
Las
reglamentaciones urbano arquitectónicas deberían ser las menos posibles pero
las más contundentes y de muy difícil modificación. Actualmente los usos del
suelo cambian constantemente dependiendo de para donde sople el negocio respectivo
y su control es en la práctica inexistente. Las alturas y paramentos cambian
según los intereses del negocio inmobiliario y, en general, las muchas normas
actuales son vergonzosamente interpretables, y no pocas son absurdas.
Finalmente, con las Curadurías Urbanas, de nuevo resulto peor el remedio que la
enfermedad.
Pero
por supuesto tratar de cambiar radicalmente nuestras alcaldías es engañosamente
fácil, pues para lograrlo serían indispensables Concejos Municipales
ejemplares, lo que en este país y época es imposible en la práctica. Por lo que
quedamos en manos de los Alcaldes, y algunos, han demostrado que es mucho lo
que puede lograr uno bueno. Pero tendrían que ser reelegibles inmediata e
indefinidamente, cuya ventaja se pueden comprobar por todas partes del mundo. Mientras tanto está el voto en blanco.
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